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miércoles, 4 de agosto de 2010

Potosí está de pie. De nuevo como en otras ocasiones levanta la bandera del federalismo para defender sus intereses.

El conflicto de Potosí se complica para el Gobierno. Los bloqueos se extendieron a las provincias y ayer miles de personas marcharon y obligaron a los dirigentes a instalar un cabildo que terminó en violencia con la agresión a autoridades y a domicilios.

Entretanto, el segundo diálogo convocado por el Ejecutivo volvió a fracasar y anoche a las 22.00 se emitió un comunicado en el que se volvió a llamar a la concertación. Los cívicos mantienen su decisión de que el encuentro sea en el departamento de Potosí.

Entretanto, ayer se cumplió el sexto día de paro cívico y bloqueos carreteros que mantiene incomunicada a la Capital y a varias provincias. Los potosinos exigen la solución al problema de límites territoriales con Oruro, en la localidad de Coroma, además de otras seis demandas.

De hecho, la marcha que fue convocada por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) fue masiva, varios medios locales señalaron que había unas 100.000 personas.

La movilización se inició a las 14.00 y según fuentes locales, el gobernador Félix González (MAS) se sumó a la medida y quiso dirigir la marcha, pero fue agredido por una turba y tuvo que escapar con ayuda de algunos vecinos. Luego se exigió su renuncia.

Posteriormente, la marcha llegó hasta la Plaza del Minero donde se obligó a los dirigentes cívicos a instalar un cabildo. El presidente de Comcipo, Celestino Condori, tuvo que instalar la reunión, pero se cortó la luz, entonces un grupo de jóvenes, aparentemente universitarios, obligó al dirigente a ir hasta la Gobernación para tomarla; en el trayecto le golpearon al final otros líderes de Comcipo fueron a rescatarlo.

Al no cumplir su objetivo, la turba arremetió contra la casa del viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, quien confirmó a La Razón que los marchistas apedrearon la casa de sus suegros, de su madre y posteriormente arremetieron contra su domicilio, en el que estaba su esposa y sus hijos.

“Han puesto dinamita, han intentado entrar por la fuerza, han apedreado, han roto los vidrios de la casa, pero los vecinos se han parado y luego llegó la Policía”, relató Navarro. En la Policía departamental se confirmó los hechos de violencia, aunque no hubo ningún detenido.

En medio de esas protestas, cuatro asambleístas de Potosí —Eduardo Maldonado, Juan Carlos Cejas y Hugo García (MAS), además de David Cortez (AS)— instalaron una huelga de hambre exigiendo al Gobierno enviar un equipo ministerial al departamento de Potosí para iniciar el diálogo.

“Decidimos asumir esta extrema medida exigiendo dos puntos. Primero, la pacificación del departamento de Potosí y, segundo, que una comisión de ministros se desplace a suelo potosino para la resolución de la agenda del conflicto que en este momento se está sosteniendo”, explicó Maldonado.

Esa medida fue cuestionada por el vicepresidente Álvaro García, quien dijo que “con la huelga no se soluciona nada, la mejor forma de resolver el conflicto es sentarnos a dialogar, se levanten las medidas, viajen los ministros”.

A las medidas de protesta se sumó la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) de Potosí, que decidió suspender clases hasta que las reivindicaciones potosinas sean atendidas. “Veinte mil hombres y mujeres de la comunidad universitaria están en estado de apronte y preparados para dar el pecho al enemigo ante cualquier intención de traicionar a esta bendita tierra”, dice un comunicado de la universidad pública. Las labores escolares en Potosí también están paralizadas.

Mientras tanto, los bloqueos carreteros van en aumento en las provincias y centenares de movilidades y personas están varadas en las carreteras, entre ellas turistas extranjeros.

Entretanto, Oruro pidió garantías al Gobierno para evitar que haya enfrentamientos en la zona del conflicto; incluso el diputado Jaime Medrano (MAS) pidió militarizar la zona.

Segundo llamado al diálogo fracasa

Tras el segundo fracaso del diálogo, el Gobierno volvió a convocar anoche a una tercera reunión a los representantes de Potosí y de Oruro para resolver el conflicto limítrofe entre las dos regiones.

El primer intento surgió el domingo cuando el Ejecutivo llamó a los dirigentes a una reunión en Cochabamba, pero los potosinos no asistieron. El segundo intento de diálogo fue ayer, pero tampoco llegó la representación potosina, que exige la presencia del Gobierno en la Villa Imperial.

Tras una hora de espera, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, aseguró que pese a la ausencia de los representantes potosinos, buscarán acciones que conduzcan a un escenario de diálogo. Además descartó una intervención a los bloqueos, aunque lamentó la situación de choferes y pasajeros varados en los caminos.

Romero afirmó que no se trasladarán a negociar a Potosí, como exigen sus dirigentes, porque no existen garantías ni condiciones para dialogar. “Si lo convocan a uno y lo esperan con garrote, no hay condiciones”, acotó.

Por su lado, el gobernador de Oruro, Santos Tito (MAS), y los miembros del Comité Interinstitucional de ese departamento aseguraron que volverán a asistir a cualquier convocatoria gubernamental al diálogo.

Iván Arias
El Ejecutivo suma desaciertos

Este conflicto (limítrofe) data de hace más de 50 años y se vuelve a reactivar este tema porque de por medio está la promesa de la instalación de una fábrica de cemento en esta región.

El Gobierno está sumando desaciertos, primero el error fue prometer una fábrica de cemento en una región que de por sí era conflictiva. Segundo, haber puesto en el borrador del proyecto de Ley Marco de Autonomías, que todos los diferendos limítrofes se iban a arreglar mediante referendos; en el primer borrador estaba que inclusive iban a ser consultas departamentales; más bien producto de las negociaciones, de la presión se logró evitar que sea sólo al interior de los departamentos, pero tampoco soluciona el problema porque la amenaza de un referéndum siempre está pendiente, entonces esto ha exacerbado a los pobladores.

Si a eso le sumamos además esta actitud del Gobierno, como ocurrió con Caranavi, de decir no vamos a ir, aquí hay agentes infiltrados, la derecha (es la causa), es decir que en vez de sentarse a negociar y encontrar una solución concentrada, deja que el problema crezca y la rivalidad entre las comunidades está creciendo y es muy peligroso.

Creo que esto es una sumatoria de desaciertos, en los cuales el Gobierno debería más bien bajar los ánimos e ir a las regiones, la gente respeta mucho al Presidente y al Gobierno, y no hará nada en contra de ellos.

Iván Arias
es analista.

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