10 de noviembre de 2010 podría ser el título de este artículo. Potosí, provincia del Alto Perú, fundadora de la República de Bolivia, anota “sin festejo” un aniversario más de su primer grito libertario contra el colonialismo español en 1810. Conocido por sus inmensas riquezas minerales llegó a convertirse en sinónimo de riqueza, “vale un Potosí”, como se registrara para siempre en el Quijote de la Mancha.
Votó masivamente por el cambio el 2005 y en las siguientes convocatorias electorales. Porque son conscientes de que los Incas ya explotaron sus minas, que éstas pasaron en herencia política al Imperio Español para ser aprovechadas desde Charcas, Lima o Madrid. Que la plata del Cerro Rico, el Sumack Orcko, atrajo y enriqueció a tantos que la Villa Imperial fue más grande que las mayores capitales europeas. Sangre costaron esas fortunas. La “mita” ancestral la aprendieron y aprovecharon todos. Y cuando faltó el indígena andino se recurrió a arrastrar como esclavos a los indígenas de los llanos, o a importarlos desde África. Cuando, disqué, se agotaron sus riquezas, la mayoría se fue, dejando detrás sólo miseria.
Pero el cambio no llega. El grito de independencia fue por libertad y en rechazo a la pobreza. Para desgracia, al agotamiento de los veneros de plata le sucedió la abundancia del estaño. Van 200 años de explotación “en libertad del yugo español”, y el Estado Plurinacional (EP), ahora heredero de la república de Bolivia, no asiste a los festejos del Bicentenario ni siquiera con un discurso consuelo. El presidente indígena, casualmente, programa una intervención quirúrgica en su rodilla, nada vital; y el interino, aprovecha para irse a Europa a dictar conferencias, seguramente magistrales, sobre las políticas de cambio en el nuevo Estado Comunitario Plurinacional.
Los derechos están para ejercerlos, para vivirlos, o son letra muerta. La nueva CPE reconoce a todas las naciones y pueblos del territorio nacional, el derecho “a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales”. Pero a Potosí, increíble pero cierto, se le ha destituido al alcalde electo por el pueblo, bajo la acusación de haber comprado motorizados usados, aún contando con la debida aprobación del Concejo y el ministerio de Hacienda, ¡por ahorrar fondos al municipio! Con otros motivos se llegó a lo mismo con la Alcaldesa de Sucre y los Gobernadores electos de Pando y Chuquisaca. Y se pretende tumbar a toda autoridad o funcionario que no comulga con el gobierno. A la institución rebelde se le cierran las cuentas fiscales, se le conforman otras paralelas, o se nombran funcionarios con nuevos poderes que les permiten usurpar funciones: cargos sin poder y poderes sin cargo. ¿Cómo compatibilizar estas conductas con la declaración de derechos constitucionales? Uno de los más difíciles, el actual debate sobre la libertad de expresión y el derecho a la información (un ilustrativo ensayo de Osmar G. Sánchez “Un ramillete de leyes que enfrenta y ofende la inteligencia”).
Si no se respetan los derechos, no hay derechos. Se trata de humillar a Potosí, porque paró 19 días pidiendo salir de la miseria, donde se encuentra junto a Chuquisaca. Cuba y Zimbabe son referencias lejanas en cuanto a libertades y represiones a disidentes y opositores, pero ya es casi obligada la mención. Cuando la democracia se entiende sólo como ejercicio electoral, todas las demás ventajas del sistema desaparecen. En democracia el respeto a las ideas ajenas debe ser una práctica cotidiana, una conducta de gobernantes y gobernados; para todos la tolerancia es un imperativo, en especial para quienes manifiestan opiniones, críticas o criterios distintos, nadie merece por ello la cárcel ni el degüello. Si bien la democracia es parte de una cultura civilizada, avanzada, moderna, como se la quiera denominar, está claro que de ninguna manera se la puede confundir con un “consigamos los votos suficientes para hacer lo que nos dé la gana”; esto sí sería un verdadero cambio.
¿Se estrena el racismo y la discriminación con Potosí?, la Ley 045, recién aprobada con bombos y platillos, a eso apunta. Está ocurriendo lo peor, como en otras latitudes de América Latina, confundiendo “socialismo con amiguismo” (R.Di Tella), o la nueva versión del “o me seguís coraceros, o me destapo los sesos”. La pobreza es de tal magnitud que este gobierno, o cualquiera que venga, no debe hacer oídos sordos a los reclamos. Menos cuando los promotores del EP se declaran un gobierno popular. Pues poco y nada tiene que ver la gestión del actual gobierno con la perspectiva tan prometedora de una nueva minería moderna en Potosí, con fuertes inversiones nacionales y extranjeras, tecnología de punta y precios a niveles insospechados años atrás. Pero sí está en sus manos el volcar atención al problema de la pobreza, dejando en segundo plano compromisos ideológicos que sólo contribuyen a agravar el problema; no es casualidad que entre los países más pobres del mundo se encuentren las dictaduras autocalificadas de socialistas.
¿Por qué se quiere callar a Santa Cruz?, si de alguna manera ha señalado la ruta con su economía de mercado imperfecta (Anarcocapitalismo, R. Schrupp), al demostrar mejores índices de desarrollo humano, menos desigualdad, mayor movilidad social, a pesar de un enorme crecimiento demográfico importador de pobreza. El EP (tasa de crecimiento promedio anual 4.7% 2006-2010, PNUD), requiere urgente doblar la tasa por 20 años al menos, para dar saltos cualitativos y cuantitativos en la lucha contra la pobreza, a pesar de que la providencia, la casualidad para otros, nos ofrezca otros recursos naturales: uranio, litio. Falta una verdadera cultura de cambio, no sólo política, para aprovechar talentos humanos (meritocracia) y recursos económicos, para resucitar la esperanza, y no sólo la ilusión, de todos los bolivianos.
