El modelo minero boliviano es tan inviable, que ni siquiera aguanta la comparación con el sistema colonialista de los siglos XVI y XVII, que al menos ayudó a forjar emporios como los de Potosí y Sucre, que hoy se debaten en la pobreza y la inestabilidad. Resulta obvio que pese a todo el saqueo que les atribuyen, los españoles eran mucho más “generosos” con las regiones que esquilmaban.
La historia de Bolivia va de la mano con la minería. Esta actividad explica las dictaduras, los populismos, la llegada de la democracia, el retorno de los militares y la toma del poder del “neoliberalismo”. Cada vez que los precios de los minerales suben, los gobiernos decretan la nacionalización y deciden la privatización cuando los precios se derrumban. Así ha sido siempre y de hecho, “el proceso de cambio” se explica precisamente por el auge de las cotizaciones de las materias primas.
Pese a ello, todo puede cambiar en Bolivia, pero la minería sigue intacta, no sólo porque jamás se ha industrializado ni un solo gramo de mineral, sino porque la “patria minera” ya sea en forma de grandes barones, de burócratas centralistas, de transnacionales o de cooperativistas, mantienen secuestrado al país sin posibilidades de desarrollo o búsqueda de otros rumbos de prosperidad.
El modelo de estado boliviano es el resultado del esquema minero. Bolivia perdió el acceso al océano pacífico por favorecer a los mineros; fue a la guerra civil y cambió de sede de Gobierno por la modificación de la matriz minera y actualmente, cuando se habla de revolución, el Estado Plurinacional sigue supeditado a las minas, las mismas que sólo aportan el 6 por ciento del valor de su producción al Estado. El año pasado las exportaciones mineras alcanzaron los dos mil millones de dólares y apenas dejaron 134 millones para las arcas del Estado.
En esas condiciones, no hay forma de notar en el país que estamos atravesando un periodo de bonanza que ha batido varios récords en los precios de los minerales. Potosí jamás volverá a ser lo que fue y obviamente, las zonas mineras de Oruro y La Paz seguirán en las mismas condiciones de siempre, pese a las grandes esperanzas que abrigan esos campesinos que andan tomando minas de un lado a otro (200 en total desde el 2004).
No sólo hace falta que el Gobierno, que dice ser revolucionario y patriota, decida cambiar el modelo de minería a través de la reestructuración de la renta (como lo hizo con los hidrocarburos), sino también modificar el sistema de distribución de esos ingresos. No es posible que toda la plata del gas y de los minerales, sirva apenas para alimentar la costosa burocracia estatal, el sistema de defensa y seguridad y obviamente, el apetito de los mineros, mientras que las comunidades, las regiones y los municipios productores se mantienen en la miseria de siempre, sin posibilidades de progreso. ¿Por qué no usar por ejemplo, los recursos de la minería en la promoción del cultivo de la quinua en el Altiplano? Eso sería sostenibilidad y dignidad al mismo tiempo, pues se evitaría que las comunidades se inmiscuyan en actos de vandalismo, muy comunes últimamente.
Tal como están las cosas, la minería apenas contribuye a la contaminación de los ríos del país, cuyo costo es infinitamente mayor a las migajas que aprovechan el Estado centralista, los cooperativistas y alguno que otro empresario nacional.
La historia de Bolivia va de la mano con la minería. Esta actividad explica las dictaduras, los populismos, la llegada de la democracia, el retorno de los militares y la toma del poder del “neoliberalismo”. Cada vez que los precios de los minerales suben, los gobiernos decretan la nacionalización y deciden la privatización cuando los precios se derrumban. Así ha sido siempre y de hecho, “el proceso de cambio” se explica precisamente por el auge de las cotizaciones de las materias primas.
Pese a ello, todo puede cambiar en Bolivia, pero la minería sigue intacta, no sólo porque jamás se ha industrializado ni un solo gramo de mineral, sino porque la “patria minera” ya sea en forma de grandes barones, de burócratas centralistas, de transnacionales o de cooperativistas, mantienen secuestrado al país sin posibilidades de desarrollo o búsqueda de otros rumbos de prosperidad.
El modelo de estado boliviano es el resultado del esquema minero. Bolivia perdió el acceso al océano pacífico por favorecer a los mineros; fue a la guerra civil y cambió de sede de Gobierno por la modificación de la matriz minera y actualmente, cuando se habla de revolución, el Estado Plurinacional sigue supeditado a las minas, las mismas que sólo aportan el 6 por ciento del valor de su producción al Estado. El año pasado las exportaciones mineras alcanzaron los dos mil millones de dólares y apenas dejaron 134 millones para las arcas del Estado.
En esas condiciones, no hay forma de notar en el país que estamos atravesando un periodo de bonanza que ha batido varios récords en los precios de los minerales. Potosí jamás volverá a ser lo que fue y obviamente, las zonas mineras de Oruro y La Paz seguirán en las mismas condiciones de siempre, pese a las grandes esperanzas que abrigan esos campesinos que andan tomando minas de un lado a otro (200 en total desde el 2004).
No sólo hace falta que el Gobierno, que dice ser revolucionario y patriota, decida cambiar el modelo de minería a través de la reestructuración de la renta (como lo hizo con los hidrocarburos), sino también modificar el sistema de distribución de esos ingresos. No es posible que toda la plata del gas y de los minerales, sirva apenas para alimentar la costosa burocracia estatal, el sistema de defensa y seguridad y obviamente, el apetito de los mineros, mientras que las comunidades, las regiones y los municipios productores se mantienen en la miseria de siempre, sin posibilidades de progreso. ¿Por qué no usar por ejemplo, los recursos de la minería en la promoción del cultivo de la quinua en el Altiplano? Eso sería sostenibilidad y dignidad al mismo tiempo, pues se evitaría que las comunidades se inmiscuyan en actos de vandalismo, muy comunes últimamente.
Tal como están las cosas, la minería apenas contribuye a la contaminación de los ríos del país, cuyo costo es infinitamente mayor a las migajas que aprovechan el Estado centralista, los cooperativistas y alguno que otro empresario nacional.
Todo puede cambiar en Bolivia, pero la minería sigue intacta, no sólo porque jamás se ha industrializado ni un solo gramo de mineral, sino porque la “patria minera” ya sea en forma de grandes barones, de burócratas centralistas, de transnacionales o de cooperativistas, mantienen secuestrado al país sin posibilidades de desarrollo o búsqueda de otros rumbos de prosperidad.
