Una misión enviada a nuestro país por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) conformada por seis expertos ha concluido en días pasados una evaluación del estado del Cerro Rico de Potosí. El propósito del estudio es precautelar el sitio que junto a la ciudad fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987, evitando en la medida de lo posible perjudicar la actividad económica de los más de 15.000 mineros que viven de la explotación de sus socavones.
El informe final, que será presentado próximamente en París, es esperado con ansiedad no sólo por los mineros, sino por todo el pueblo potosino y por los bolivianos en general por la enorme importancia que en términos económicos y culturales tiene el Sumaj Orqo para nuestro país.
No es nada fácil la tarea que se le asignó al equipo de expertos pues, precisamente por lo enorme que es tanto el valor cultural como económico del Cerro Rico, son muy fuertes las presiones a las que son sometidos. Y eso, como es fácil suponer, puede poner serios límites a la objetividad científica que en casos como éste se requiere.
Por lo que hasta ahora se ha conocido al respecto, los responsables del estudio, de la elaboración del informe final, de las observaciones y recomendaciones consiguientes están plenamente conscientes de la importancia de su labor y se puede prever que procederán de la manera más correcta. Por eso, sólo cabe esperar que las decisiones que a partir de ese informe se tomen en los tres niveles de gobierno involucrados --central, departamental y municipal de Potosí— sean igualmente objetivas y racionales, y nadie caiga en la tentación de guiarse por intereses particulares y corporativos, por muy legítimos que estos sean.
Es decir, para que eso sea posible, para que la sensatez se imponga y deje de actuarse con la irresponsabilidad con la que hasta ahora se soslayó la gravedad del problema, será necesario evitar que los grupos de presión más directamente interesados en la explotación del Cerro Rico, como los cooperativistas mineros que trabajan en la cima, sean quienes se arroguen el derecho de decidir sobre tan delicado asunto.
Por supuesto, tampoco sería justo ni realista despojarlos de su actual fuente de sustento sin ofrecerles una alternativa equiparable. Para ello será necesario que las autoridades del rubro incorporen el asunto entre sus máximas prioridades y destinen a tal fin el presupuesto correspondiente. Y que lo realicen antes de que la magnitud del problema económico y social adquiera dimensión política y haga su tratamiento más difícil de lo que ya es.
Por su parte, los demás cooperativistas, los que operan en áreas que no sean identificadas como de máximo riesgo, deberán someterse con mayor rigor a las recomendaciones técnicas aunque para ello tengan que renunciar a muchas de las prácticas que, por tradicionales que sean, resultan incompatibles con la preservación del cerro.
Y en lo que a las autoridades gubernamentales, departamentales y municipales corresponde, sólo cabe exhortarlas a que, en aras a lo mucho que está en juego, dejen de actuar, como hasta ahora, guiadas por los más mezquinos e inmediatos intereses. No deben olvidar que más de 500 años de historia los observan desde la cima del Cerro Rico, una cima que si continúa desmoronándose, arrastraría con su caída a todo Potosí.
