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martes, 21 de julio de 2015

Henry Oporto considera que Potosí se ha autoherido con un disparo en el pie. se refiere a la Empresa Manquiri que no debería ser el blanco de los huelguistas.considera "pésima señal a la inversión privada".

Llevamos tiempo defiendo, desde espacios como éste, la obligación del Estado de resguardar la actividad empresarial minera y de proteger los derechos legalmente adquiridos para la explotación de recursos mineralógicos. Por ello no podemos mirar a un lado cuando nuevamente las empresas mineras son víctimas de avasallamientos y otras medidas de fuerza que obligan al cese intempestivo de labores. Lamentablemente, éste es el caso de la empresa Manquiri, que desde hace siete días atrás sufre la intervención de grupos irreflexivos, que han forzado la paralización de sus actividades.
Entre las demandas que se enarbolan, ninguna de ellas tiene nada que ver con la empresa Manquiri y su operación de una planta de procesamiento de concentrados de plata en las inmediaciones de Cerro Rico. Lo que significa que Manquiri es tan solo una víctima propiciatoria.

Entonces, ¿por qué ensañarse con una empresa productiva sin ningún género de responsabilidad en este conflicto? ¿Sólo porque sus instalaciones, ubicadas dentro del perímetro de la ciudad, son fácilmente presa de una acción de fuerza? ¿O es que se piensa que por tratarse de una operación privada cualquier atropello en contra de ella ha de ser justificado? 

Quienes protagonizan estos hechos parecen no reparar en los enormes daños que ocasionan, y no únicamente a una empresa sino a toda la minería nacional. Olvidan, asimismo, que cientos de empleos directos e indirectos en Potosí dependen del funcionamiento de la planta de Manquiri, que un gran número de cooperativas mineras operan en relación directa con esta empresa y se benefician de las transferencias económicas que reciben de ella. Quizás también sea necesario recordar que la contribución fiscal a través del pago de regalías e impuestos, que realiza la empresa Manquiri, no solamente es de importancia crucial para los ingresos del gobierno departamental y varios municipios potosinos sino también una fuente irremplazable.  

En la injustificada decisión de intervenir e impedir el funcionamiento de una entidad como Manquiri, se pasa por alto la agobiante situación en que se hallan las empresas mineras, duramente golpeadas por el descenso de los precios de los minerales. Desde luego, no cabe pensar que haya quienes ignoren esa dramática circunstancia, ya que continuamente se alude a “la crisis en la minería potosina” como uno de los argumentos para exigir la atención gubernamental a las demandas potosinas. Lo incomprensible es que ahora se agraven las cosas poniendo a la actividad empresarial minera al borde del abismo y a sabiendas de que los mayores perjuicios son para el pueblo potosino. 

A todas luces es irracional que en el momento en que Potosí necesita más que nunca captar nuevas inversiones que eviten el colapso de su alicaída economía y reactiven la producción minera, se dé el espectáculo de una empresa minera cercada y paralizada y desprovista de cualquier posibilidad de hacer valer sus derechos legales. Es la peor señal que se puede dar a la inversión extranjera.
El autor es sociólogo.