Llevamos tiempo defiendo, desde espacios como éste, la obligación del
Estado de resguardar la actividad empresarial minera y de proteger los
derechos legalmente adquiridos para la explotación de recursos
mineralógicos. Por ello no podemos mirar a un lado cuando nuevamente las
empresas mineras son víctimas de avasallamientos y otras medidas de
fuerza que obligan al cese intempestivo de labores. Lamentablemente,
éste es el caso de la empresa Manquiri, que desde hace siete días atrás
sufre la intervención de grupos irreflexivos, que han forzado la
paralización de sus actividades.
Entre las demandas
que se enarbolan, ninguna de ellas tiene nada que ver con la empresa
Manquiri y su operación de una planta de procesamiento de concentrados
de plata en las inmediaciones de Cerro Rico. Lo que significa que
Manquiri es tan solo una víctima propiciatoria.
Entonces,
¿por qué ensañarse con una empresa productiva sin ningún género de
responsabilidad en este conflicto? ¿Sólo porque sus instalaciones,
ubicadas dentro del perímetro de la ciudad, son fácilmente presa de una
acción de fuerza? ¿O es que se piensa que por tratarse de una operación
privada cualquier atropello en contra de ella ha de ser justificado?
Quienes
protagonizan estos hechos parecen no reparar en los enormes daños que
ocasionan, y no únicamente a una empresa sino a toda la minería
nacional. Olvidan, asimismo, que cientos de empleos directos e
indirectos en Potosí dependen del funcionamiento de la planta de
Manquiri, que un gran número de cooperativas mineras operan en relación
directa con esta empresa y se benefician de las transferencias
económicas que reciben de ella. Quizás también sea necesario recordar
que la contribución fiscal a través del pago de regalías e impuestos,
que realiza la empresa Manquiri, no solamente es de importancia crucial
para los ingresos del gobierno departamental y varios municipios
potosinos sino también una fuente irremplazable.
En
la injustificada decisión de intervenir e impedir el funcionamiento de
una entidad como Manquiri, se pasa por alto la agobiante situación en
que se hallan las empresas mineras, duramente golpeadas por el descenso
de los precios de los minerales. Desde luego, no cabe pensar que haya
quienes ignoren esa dramática circunstancia, ya que continuamente se
alude a “la crisis en la minería potosina” como uno de los argumentos
para exigir la atención gubernamental a las demandas potosinas. Lo
incomprensible es que ahora se agraven las cosas poniendo a la actividad
empresarial minera al borde del abismo y a sabiendas de que los mayores
perjuicios son para el pueblo potosino.
A todas
luces es irracional que en el momento en que Potosí necesita más que
nunca captar nuevas inversiones que eviten el colapso de su alicaída
economía y reactiven la producción minera, se dé el espectáculo de una
empresa minera cercada y paralizada y desprovista de cualquier
posibilidad de hacer valer sus derechos legales. Es la peor señal que se
puede dar a la inversión extranjera.
El autor es sociólogo.
