Como suele ocurrir con excesiva frecuencia con los asuntos en verdad trascendentes que pasan por las agendas informativas casi desapercibidos, opacados por las urgencias de nuestra siempre vertiginosa vida política, hace algunos días se ha conocido una especie de ultimátum que ha dado la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a la ministra de Culturas, Elizabeth Salguero, quien tuvo la ingrata tarea de recibir en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia una muy severa llamada de atención de tan importante organismo internacional.
El asunto no es poco importante, pues atinge directamente al Cerro Rico de Potosí y a la ciudadela de Tiwanaku, dos de los más importantes bienes del patrimonio cultural no sólo de nuestro país sino de la humanidad. Es por esta última condición --por trascender los límites de lo local y nacional-- que el asunto es de competencia de la Unesco y obliga al Estado boliviano a cumplir y hacer cumplir todas las tareas que trae consigo la condición de guardianes de bienes pertenecientes a la humanidad entera.
En ambos casos, el informe de la Unesco es lapidario. Dejando ya de lado las palabras sutiles empleadas seguramente para no ofender sensibilidades en años anteriores, ha recurrido esta vez a términos muy duros ya no para “sugerir”, “recomendar” o “pedir”. Lo que hace ahora es exigir de manera perentoria que el Estado boliviano asuma sus obligaciones y da un último plazo de un año para que se haga algo serio para evitar la destrucción de ambos sitios.
En el caso del Cerro Rico, la Unesco exige que se suspendan las actividades mineras por lo menos en la cima, donde alrededor de 4.000 cooperativistas continúan horadando la montaña condenándola a un inminente colapso. Además de la invalorable pérdida que tal desastre significaría, el temido desmoronamiento del Cerro Rico condenaría a muerte no sólo a los varios miles de mineros que diariamente lo socavan sino a toda la población de Potosí.
En cuanto a Tiwanaku, el organismo de la ONU ha vuelto a criticar con máxima severidad la indiferencia y pasividad con que el Estado boliviano asiste a la destrucción de uno de los principales sitios arqueológicos del planeta. Como es bien sabido, no es el paso del tiempo sino la proliferación de líquenes, musgos y moho, males atribuibles únicamente a la dejadez y la desidia, lo que está dando fin con la ciudadela.
Paradójicamente, a tales extremos se ha llegado nada menos que durante un gobierno que se atribuye vínculos no sólo culturales sino incluso espirituales con la cuna de las civilizaciones andinas.
Lo más asombroso y vergonzoso del caso es que ya son varios los años que consecutivamente la Unesco hace llegar sus críticas sin recibir como respuesta nada más que la más elocuente indiferencia. Tanto en el caso del Cerro Rico como en el de Tiwanaku, las autoridades correspondientes sólo atinan a minimizar los males, a pedir más tiempo y más dinero “para financiar estudios”, pero sin hacer nada que merezca algún tipo de reconocimiento.
Es de esperar que la severidad de las advertencias hechas por la Unesco sirva de algo. Y no sólo para provocar la urgente reacción de las autoridades, sino de toda la sociedad.
