Hace algunos años, un ex alcalde de Potosí, hoy fallecido, convocaba a los trabajadores de su radioemisora a acudir de inmediato para cobrar sus aguinaldos. “Pase la voz”, decía y, luego de una cortina, repetía el llamado.
Aunque lo ideal es que los temas internos de un medio de comunicación social se manejen como lo que son, era lícito citar a sus empleados para el pago de un beneficio ineludible. Lo que no era lícito era que la convocatoria pública sea hecha un 22 de diciembre, es decir, dos días después del plazo para el pago del aguinaldo.
Ésta es una de las muchas anécdotas que salpican de barro la historia reciente de los medios que, como todos sabemos, forman parte de la prensa, aquella a la que el Gobierno acosa desde 2006 y con la que chocó más fuerte el año que termina a causa de dos polémicos artículos de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación.
En medio del fuego cruzado, el Gobierno disparó su acusación favorita: dijo que el conflicto era causado por los propietarios de los medios puesto que eran ellos, y no los trabajadores, los afectados por los artículos 16 y 23 de la ley en cuestión.
Ese argumento es una aplicación ortodoxa del método marxista de interpretación de la realidad. En líneas generales, el marxismo divide a la sociedad en dos: propietarios de medios de producción y trabajadores, y estos últimos generalmente son explotados por los primeros con el fin de obtener una plusvalía. Si se aplica el método a la prensa, los medios de producción son los medios de comunicación, así que sus propietarios son los enemigos a vencer.
Sin embargo, la realidad de la prensa boliviana es diferente a la de otros países y el método marxista es inaplicable para interpretarla.
Empecemos la enumeración reconociendo dos defectos: la prensa boliviana está sumida en la ilegalidad y, pese a ello, es utilizada con fines económicos y políticos.
Está sumida en la ilegalidad porque la mayoría de los medios de comunicación social del país infringen las leyes, especialmente laborales, y la anécdota con la que abrí este artículo es simplemente una muestra. También hay que admitir que la mayoría de esos medios no buscan precisamente hacer periodismo sino alcanzar poder, tanto económico como político.
Pese a todas esas verdades, la división propietario/trabajador no parece encajar en un país en el que las radioemisoras se han multiplicado por razones que no siempre son económicas. En una ciudad pequeña como Potosí existen 56 radioemisoras y 13 canales de televisión. El dato numérico haría suponer que existen decenas de fuentes de trabajo para los periodistas pero la verdad es muy distinta: muchos de esos medios son unipersonales o se manejan familiarmente (padres e hijos cumplen tareas periodísticas y administrativas) y la línea entre propietarios y trabajadores se diluye con frecuencia.
El sindicato nacional de los periodistas es la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia. Se supone que sus afiliados son trabajadores pero cobija también a varios propietarios y algunos incluso llegaron a ser dirigentes del sector. En contrapartida, la Asociación Nacional de la Prensa, a la que el Gobierno acusa de ser la expresión de los propietarios, tiene como asociados a varios empleados, incluido su presidente. ¿Qué método de interpretación de la realidad se puede utilizar para explicar este fenómeno?
Mientras buscamos una respuesta, deseamos que los trabajadores de la prensa, que son los verdaderos afectados por la ley antirracismo, reciban su aguinaldo a tiempo esta Navidad o, más aún, esperamos que tengan un aguinaldo porque eso significa que, por fin, están gozando de un salario.
