Lo que ya resulta escandaloso, incluso para los laxos parámetros vigentes en nuestro país, es la inoperancia de las autoridades gubernamentales
A la ya muy larga lista de calamidades que son directamente atribuibles a la desmesurada arbitrariedad con que las mal llamadas cooperativas mineras operan en nuestro país, se ha sumado el más reciente informe del Defensor del Pueblo. Se trata de un estudio titulado “Estado de situación de niños, niñas y adolescentes que viven en el Cerro Rico y trabajan en la actividad minera”, según el que al menos 145 niños y adolescentes trabajan en actividades mineras en el Cerro Rico de Potosí.
Con toda seguridad, tan escandalosa situación revelada por el estudio no pasará desapercibida para más de un organismo internacional, pues las primeras señales de alerta sobre este tema fueron oportunamente activadas.
En efecto, hace apenas unas semanas, tanto la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hicieron conocer su preocupación por la posibilidad de que la nueva legislación boliviana sobre el trabajo infantil pudiera prestarse a abusos, razón más que suficiente para que el informe del Defensor del Pueblo no pase desapercibido en las más altas instancias del exterior.
A lo anterior debe sumarse una serie de otros desastres sociales y ambientales que son directamente atribuibles a la misma causa. Sólo por mencionar los casos más recientes, cabe recordar dos cuya importancia trascendió nuestras fronteras.
El más importante de ellos es el relativo a la impunidad con que las cooperativas mineras que socavan el Cerro Rico de Potosí se niegan a detener su labor depredadora a pesar del ultimátum que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) que vanamente exige que el Gobierno boliviano actúe con la severidad correspondiente.
Muy ligado a lo anterior, pues la causa es muy similar, es el caso del desastre ambiental que está produciéndose por la contaminación de las aguas del río Pilcomayo. Y no se trata sólo del más reciente vertido de aguas residuales de la empresa minera Santiago Apóstol de Tacobamba, sino de un fenómeno que pese a las continuas advertencias, que se repiten año tras año, no hace más que agravarse en la misma proporción en que se intensifica la actividad de la minería informal.
Los tres problemas señalados, entre muchos otros que todavía no reciben la atención que merecen, tienen un elemento en común. Es que la minería cooperativizada ha alcanzado en nuestro país un poder tan grande que actúa por encima y fuera de toda legislación vigente. Para esas empresas, las leyes laborales y sociales son tan despreciables como las ambientales y actúan en consecuencia.
Así pues, el informe del Defensor del Pueblo no hace más que identificar a otras víctimas de los excesos en que están incurriendo las empresas mineras en su desenfrenada labor extractiva de minerales. Ante tal situación, lo que ya resulta excesivamente escandaloso, incluso para los laxos parámetros vigentes en nuestro país, es la inoperancia de las autoridades gubernamentales que parecen haber renunciado a todas sus prerrogativas, rendidas ante las cooperativas mineras.
