En esta ciudad resulta evidente que es más fuerte el temor que la decisión de preservar ese monumento nacional. En Potosí todos declaran su preocupación por la posibilidad de que mayores derrumbes desfiguren al cerro pero las acciones concretas demoran. Una nueva luz roja se encendió en torno a la preservación del cerro el 16 de enero último, cuando su cima sufrió un hundimiento que formó un cráter de 17 metros de ancho por 22 de profundidad. Alrededor del cráter se observan rajaduras en la cumbre y de forma permanente se escuchan deslizamientos de tierra y rocas hacia el interior del cráter, ruido que estremece y hasta provoca pánico por el temor de un derrumbe mayor. En el Cerro Rico, cuya explotación empezó, oficialmente, el año 1545, durante la colonia española, ahora tiene concesiones de más de 30 cooperativas mineras y la poderosa e influyente Empresa Minera Manquiri SA de capitales estadounidenses. Ambos sectores provocan temor. La empresa Manquiri produce lingotes de plata y es evidente en la región su poder económico. Cuenta con instalaciones modernas a pocos metros del Cerro Rico, detrás de la ciudad y con medidas de seguridad extremas. Sus guardias de seguridad vigilan incluso los alrededores y amenazan e intimidan a quienes pueden circular por el lugar, por afueras de la empresa. Esa empresa que ejecuta el Proyecto San Bartolomé, participa en prácticamente todas las actividades económicas, sociales y culturales citadinas. Se comenta en la ciudad que compra cargas de minerales de cooperativas pese a que cuenta con sus propias concesiones y realiza la explotación de sus concesiones. La principal crítica que reciben las cooperativas es que no se ajustan precisamente a ese tipo de organización, ya que algunas de ellas están integradas por pocas personas que cuentan con algún capital y subcontratan a obreros, como asalariados o peones. Este tipo de observación no es del agrado de algunos dueños de cooperativas que ejercen su poder sobre sus peones para realizar actos de intimidación de manera directa sobre quienes los critican. Versiones atribuyen a alguna o algunas cooperativas haber apelado, en los últimos años, a explotar el mineral de la forma más sencilla: dinamitar los llamados “taqueos” o rellenos, con el propio material del cerro. Con dinamita se hace escurrir el “taqueo” y sin mayor esfuerzo ni inversión se recoge el mineral y se lo traslada a los ingenios, lo que debilita la solidez de la montaña. En Potosí se mencionan ocasiones en que algunos dueños de cooperativas han usado a sus dependientes (asalariados que normalmente provienen de las áreas rurales de Potosí), para realizar manifestaciones de demostración de poder o directamente intimidar o atacar a quienes critican su forma de organización o administración. Al margen de la presión o la influencia, el temor en torno a una solución radical de preservación del Cerro Rico se expresa también en los obreros y peones de las llamadas cooperativas mineras. Se afirma que con el nombre de cooperativistas trabajan cada día en los socavones de Potosí unas 11.000 personas que temen perder el trabajo, el ingreso económico, porque temen a la pobreza. Existe el criterio generalizado de que sin la explotación del Cerro no será posible mantenerse en la ciudad. Aquí se afirma que no sólo la ciudad de Potosí, con sus 180.000 habitantes dependen de la riqueza de la montaña de plata (y otros minerales), sino también buena parte de los más de medio millón de habitantes del área rural e incluso la vecina ciudad de Sucre. Entre varios obreros y entendidos en minería consultados, se pudo establecer que se identifica especialmente a la empresa COMCO, del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada como a la principal depredadora y amenaza de la estabilidad y forma del Cerro Rico. Esa empresa fue la que según se afirma, inició la explotación a cielo abierto de la parte alta de la montaña, práctica prohibida por la Comibol el año 2009. También se señala a la empresa Manquiri como responsable del debilitamiento de la fortaleza del cerro, en su parte más elevada. El razonamiento es en exceso simple: se han encontrado cargas de color rojizo en varios ingenios. Esa coloración caracteriza especialmente de la cota 6.400 hacia arriba. En algunas bocaminas es posible observar varios vehículos. Sus dueños son obreros o peones que han logrado un nivel económico elevado y llegan a trabajar dentro de los socavones, igual que cualquier oficinista o profesional, en un auto propio que lo dejan estacionado afuera. Monumento nacional que se cae
Existe cantidad de normas contradictorias y que no se cumplen a cabalidad con la manifiesta intención de preservar la morfología del Cerro Rico y se han formado comisiones con ese objetivo pero ni las disposiciones se cumplen a cabalidad ni los estudios concluyen, mientras el monumento nacional se deteriora y derrumba. El jueves último se formó la más reciente comisión oficial para preservar la morfología del Cerro Rico. La comisión tiene un brazo político y otro técnico. La anterior referencia fue agosto del año pasado, cuando se produjo la gran movilización con bloqueo departamental y huelga de hambre en Potosí por un pliego de una decena de puntos. Logró un compromiso de estudios técnicos en lo relativo al cerro. El 8 de octubre del año 2004 el gobierno de Carlos Mesa aprobó el Decreto 27787 con el reglamento especial para las actividades mineras en el Cerro Rico de Potosí. Allí se revela que el Código de Minería del 17 de marzo de 1997 establece que con excepción de las actividades mineras preexistentes a la vigencia del código, las cuales estarán sujetas a reglamentación especial, el concesionario minero no podrá realizar actividades mineras de exploración y explotación en la vecindad de los monumentos históricos y arqueológicos declarados por ley, hasta una distancia de mil metros. Hay normas contradictorias para preservar el Cerro Rico
El cerro de Potosí fue declarado monumento nacional mediante Ley 1197 del 9 de noviembre de 1990 “a partir de la cumbre en su configuración actual hasta la base… especialmente la cima que visitó el Libertador Bolívar”. Ese decreto establece una zona de seguridad desde la cota 4.700 metros sobre el nivel del mar hasta la cima del Cerro Rico de Potosí, en la cual no se podrán efectuar labores de explotación minera superficial”. Pero inmediatamente señala que entre “las cotas 4.400 y 4.700 metros sobre el nivel del mar sólo se podrán efectuar labores de explotación, evaluación y remoción de desmontes, pallacos y sucus, sin afectar la roca dura, excepto en lo que sea estrictamente necesario para la habilitación de caminos de acceso y obras civiles menores debidamente autorizados por la Comibol”. En el artículo octavo dice que en todos los casos de explotación desde la superficie, a la conclusión de las labores de explotación, los operadores mineros están obligados a estabilizar la gradiente del Cerro, preservando su estructura morfológica rocosa y la estabilidad de los ”terrenos”. El artículo noveno dice que ningún trabajo de explotación minera subterránea podrá sobrepasar el límite de la zona de seguridad por encima de la cota 4.700”. El artículo 18 crea el comité de Apoyo y Coordinación para la Preservación del Cerro Rico de Potosí. Cinco años después, en octubre del año 2009, en atención a un ultimátum del Consejo Consultivo del Comité Cívico de Potosí, para que se anulen las concesiones otorgadas a la transnacional Manquiri (de capitales estadounidenses), “referente a las áreas de extensión por ser lesivos a la morfología del Cerro Rico de Potosí”, el directorio de la Comibol aprobó la Resolución 4218 de octubre de 2009. Esa resolución hace referencia a “informaciones preliminares” sobre deslizamientos y hundimientos en sectores sometidos a una explotación minera intensiva” y lamenta que la empresa Manquiri que ejecuta el Proyecto San Bartolomé “y otras actividades realizadas por operadores mineros, dentro de los objetivos de presentación del Patrimonio Histórico y cultural del Cerro Rico no están contribuyendo en la gestión de medidas y acciones tendientes a la preservación de la morfología y estructura del Cerro Rico de Potosí, motivo por el cual se viene afectando en su estabilidad… esta aseveración se encuentra corroborada con los diferentes informes técnicos y de inspección ocular verificadas por autoridades departamentales y nacionales”. Agrega esa resolución (de octubre del 2009) que “es de suma importancia que el profesional geotecnista encargado del Estudio de Estabilidad del Cerro Rico identifique y estudie los riesgos referidos a la morfología y estabilidad de este yacimiento. Para este efecto se requiere que todas las operaciones mineras en superficie del Cerro Rico de Potosí por encima de la Cota 4.400 (msm) sean momentáneamente suspendidas hasta tanto se ejecute este estudio, el mismo que se encuentra programado para seis meses” (estudio que debía concluir en abril del 2010). La resolución recuerda otra con el número 3760 del 8 de febrero del 2008 por la que el directorio autorizó la contratación por excepción de los servicios de Segeotecmin (Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas) para que efectúe el estudio geotécnico del Cerro Rico de Potosí. Añade que la comisión Técnica Interinstitucional que inspeccionó los trabajos mineros efectuados por la Empresa Minera Manquiri instruyó el traslado de las operaciones de explotación de esa Empresa “que actualmente se encuentra sobre la cota 4.400 a otros sectores por debajo de ese nivel”. La resolución de directorio de la Comibol instruyó notificar a la empresa Minera Manquiri y a otros operadores mineros que realizan actividades mineras en superficie del Cerro Rico de Potosí, para que trasladen sus operaciones mineras por debajo de la cotas 4.400 entretanto concluya el Estudio Geotécnico de Estabilidad del Cerro Rico de Potosí. Estado percibe 1 por ciento de la explotación minera potosina
La Corporación Minera de Bolivia, Comibol, que administra en representación del Estado el Cerro Rico de Potosí, sólo percibe el 1 por ciento de la explotación minera de ese yacimiento. El año pasado recaudó por ese concepto 6 millones de bolivianos, lo que significa que el reporte legal de explotación fue de 600 millones de bolivianos (casi cien millones de dólares y el Estado percibió menos de un millón). El gerente interino regional de la Comibol, en Potosí, Gabriel Arancibia, explicó que por ley corresponde el pago por arrendamiento de los yacimientos a cooperativas mineras y a la poderosa empresa Minera Manquiri (de capitales estadounidenses), de uno por ciento, al margen del impuesto o regalía departamental. “Comibol recibe el 1 por ciento de la exportación, como propietaria del yacimiento nacionalizado. Cuando los precios (de los minerales) están deprimidos se explotan 1.900 toneladas por día pero en los últimos años, de precios altos, hemos llegado a 2.400 toneladas por día”, explicó Arancibia. Señaló que la mayor parte de la producción consiste en complejos como sulfuro de plomo, zinc y plata. Arancibia dijo que la Comibol, el año 2010, percibió alrededor de seis millones de bolivianos “como Estado. Es el impuesto al valor bruto del costo del mineral, lo otro son regalías que pagan los exportadores a la gobernación”. La autoridad de la corporación minera dijo que se estima entre diez mil y doce mil el número de personas que trabajan todos los días dentro del cerro y que pertenecen a 33 cooperativas mineras. Recordó que el cerro es patrimonio natural y cultural de la humanidad. Empezó a ser explotado el 19 de abril de 1545 cuando se presentó el primer peticionario de concesiones, un español que era dueño de Porco. “Hasta la fecha no ha parado la operación minera, estamos hablando de 400 años de explotación”, dijo. Explotaron el Cerro Rico primero los españoles. En la época de la república empresarios bolivianos, entre ellos los “Barones del Estaño”, el último Hoschild. Luego se produjo la nacionalización y la explotación estuvo a cargo del Estado mediante la Comibol hasta el año 1985, cuando Víctor Paz Estensoro declaró muerta a la minería boliviana. “En la cima había propiedades privadas”, dijo Arancibia. “En este momento no hay ninguna operación a partir de la cota 4.600 hacia la cima. No hay operación ni en superficie ni en interior mina”, agregó el gerente de la regional de Comibol en Potosí. Explicó que el último sifonamiento del 16 de enero “está controlado y muy estable. No hay más derrumbamiento. Hay una franja de seguridad y Comibol permanentemente monitorea. Ese derrumbe fue producto de los vacíos que han dejado los antiguos, no en vano han sacado más de 6.000 toneladas de la cima del Cerro. Lo podemos probar, se han vendido a Comsur y a otros empresarios privados”. Explicó que la comisión técnica y política posesionada esta semana analizará qué hacer ante el último sifonamiento, porque la Comibol ya lleva trabajando en un estudio macro de geotécnica en el que se están gastando alrededor de 450.000 dólares. El estudio jurídico está concluido y falta trabajar en el estudio morfológico y geofísico, los que podrían concluir en julio de este año “cuyas recomendaciones y conclusiones tenemos que respetar todos”. (Esta crónica y la foto pertenecen a OPINION que destacó personal a Potosí)
