Es tan grave el extremo al que se está llegando, que la negligencia expuesta por las autoridades del sector bien merece ser calificada como criminal
Una vez más, tal como lo viene haciendo con notable perseverancia desde hace ya muchos años, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) ha alzado su voz de advertencia ante la inminente posibilidad de que el Cerro Rico de Potosí termine de colapsar de un momento a otro.
Esta vez, además de las ya consabidas medidas de presión en demanda de una decidida intervención estatal y gubernamental, la institución cívica ha anunciado su decisión de iniciar procesos penales contra funcionarios del Ministerio de Minería por la manera negligente como eluden su obligación de hacer algo para evitar que se produzca la calamidad que según todos los expertos en materia geológica se ve venir con toda claridad.
Las advertencias y las movilizaciones del Comcipo no son nada nuevas. Por el contrario, desde hace ya varios años, desde que comenzaron a producirse los primeros deslizamientos en la parte superior del Cerro Rico, no han dejado de repetirse con inusitada insistencia los pedidos hechos en todos los tonos posibles –desde las súplicas hasta las más airadas amenazas– para que las autoridades mineras y culturales hagan algo al respecto.
Los resultados de tales gestiones han sido prácticamente nulos, como lo confirma la intensificación de los hundimientos y la indiferencia con que continúan realizándose con toda normalidad actividades extractivas por encima de la cota 4.400, la que marca el área de máxima vulnerabilidad, como lo ha podido verificar durante los últimos días una comisión a la que se encomendó una evaluación del estado actual del proceso de desmoronamiento del emblemático cono.
Fue tan alarmante el resultado del informe brindado por la comisión, que incluso los representantes del Ministerio de Minería, que suelen ser los más renuentes a hacer algo al respecto, avalaron la necesidad de adoptar medidas de emergencia. Entre ellas, como tendría que ser obvio, la suspensión de toda actividad extractiva en la zona que está a punto de colapsar.
Desgraciadamente, tal como viene ocurriendo durante los últimos años, no hay quién tome en serio tales prohibiciones.
Ninguna de las 36 cooperativas que aglutinan a más de 15 mil mineros está dispuesta a acatarlas y mucho menos las que realizan sus labores en el área superior del cerro. Y lo que es más alarmante aún, los ejecutivos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) también han demostrado en la práctica su decisión de hacer caso omiso de las prohibiciones y recomendaciones.
Tan negligente actitud tampoco es nueva. A pesar de que las autoridades mineras están ya plenamente conscientes de la magnitud del peligro y de la responsabilidad que les corresponde, se niegan a actuar en consecuencia y para que cambien de actitud de nada sirve la abundancia de estudios e informes técnicos que confirman que las implacables leyes de la física están en plena acción.
Es tan grave el extremo al que se está llegando, que no parece exagerado calificar el caso como un crimen en pleno proceso de ejecución. Y no sólo porque según los mandatos de la Unesco la destrucción del Cerro Rico merecería ser calificada como “crimen contra el patrimonio común de la humanidad”, sino porque, un colapso de las dimensiones que se vaticinan pondría en muy serio riesgo la vida de varias decenas de miles de personas.
