Campesinos armados con palos agredieron ayer a cuatro periodistas y tomaron a dos funcionarios de la Gobernación potosina como rehenes en la comunidad Pampasoico, a 15 kilómetros de la tranca de Betanzos. Horas antes, en el Palacio Quemado, dirigentes de los ayllus del norte, sudeste y centro potosino se reunieron con el presidente Evo Morales para expresarle su apoyo y ofrecerse a cercar Potosí para que la situación regional se normalice.
El secretario general de la Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios de Ayllus Norte de Potosí (FSUTOANP), Juvenal Pacheco, informó que se reunió con Evo Morales para expresarle su apoyo y anunciarle que están dispuestos a garantizar su seguridad y la de los cívicos si negocian en Macha.
Las víctimas formaban parte de la comitiva de delegados potosinos que retornaba a la Villa Imperial, después de considerar que había fracasado el diálogo en Sucre con autoridades del Gobierno y delegados del departamento de Oruro.
Horas antes, el ministro de la Presidencia, Óscar Coca, advirtió que los campesinos normalizarían la situación.
La autoridad sostuvo: “Este fin de semana, estamos seguros de que los pobladores rurales, ya por su cansancio ante esta intolerancia, puesto que fueron objeto de abusos, van a normalizar las actividades. Entonces este hecho se va a resolver desde las comunidades rurales. Lo van a normalizar, nos lo hicieron conocer”.
En forma simultánea, en La Paz, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Roberto Coraite, informó que el organismo daba un plazo de 24 horas al Gobierno y a los potosinos movilizados para entablar el diálogo o de lo contrario se reservaba el derecho de intervenir.
El líder agrario se abstuvo de dar a conocer, por estrategia, cuáles serían las medidas anunciadas.
Los agredidos en la ruta Sucre-Potosí fueron Edwin Eguino, Boris Ruiz Castro, Johnny Castro y Benigno Castillo, quien presenta policontusiones y está internado en el Hospital Santa Bárbara de Sucre. Ellos iban al frente de la caravana.
Superaron dos puntos de bloqueo, pero los campesinos de la mencionada comunidad los obligaron a retornar. Al dar media vuelta y encontrar al resto de la comitiva, evaluaron los riesgos y decidieron aceptar el diálogo.
Un contingente de mineros cooperativistas se mostró dispuesto a abrirse paso a dinamitazos. Los periodistas los convencieron de evitar un inútil derramamiento de sangre.
Los dos rehenes son Raúl Vacaflores y Raúl Portillo, miembros de la Unidad Técnica de Límites de la Gobernación de Potosí. Para liberarlos, los comunarios demandaron la presencia de Félix Gonzales, principal autoridad política del departamento, aunque éste permaneció anoche en Sucre para participar en las sesiones preparatorias del diálogo, pero hizo algunas gestiones telefónicas para que sus compañeros de trabajo no sufrieran agresiones ni maltratos en esa comunidad.
De esa forma se cumplían la advertencia que el ministro de la Presidencia, Óscar Coca, había formulado a primera hora y lanzado Roberto Coraite.
Cuando anunció ayer que el Gobierno no usaría la fuerza para restablecer el orden en el departamento de Potosí, Coca dijo que las comunidades campesinas de la región están dispuestas a intervenir.
“Este fin de semana, estamos seguros de que los pobladores rurales, ya por su cansancio ante la intolerancia, puesto que fueron objeto de abusos, van a normalizar las actividades. Entonces este hecho se va a resolver desde las comunidades rurales”.
Cerca del mediodía de ayer, y por demanda de los cívicos potosinos, los ministros de Economía, Luis Arce, y de Educación, Roberto Aguilar, así como la viceministra de Producción Industrial, Patricia Ballivián, llegaron a Sucre para participar en las mesas de diálogo, junto con José Pimentel (Minería), Carlos Romero (Autonomías) y el mencionado Óscar Coca.
El retorno de la comitiva potosina fue recibido como un triunfo del Gobierno. El ministro Romero agradeció públicamente al pueblo potosino por reconducir el diálogo y conminó a la dirigencia a “dejar de lado la conspiración política” y buscar soluciones a los problemas.
El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Celestino Condori, se limitó a confirmar que había retornado a causa de la presión ejercida por los campesinos y se mostró dispuesto a conversar.
Con ese antecedente, el Gobierno y los delegados regionales y cívicos de Potosí establecieron anoche las bases para negociar el pliego petitorio que contiene seis puntos. Después de unas cuatro horas de intercambiar ideas se establecieron las reglas para llevar adelante el proceso.
Cada punto de la agenda regional será analizado en una mesa de trabajo. Las conclusiones serán puestas a consideración de una plenaria, aunque previamente, deberán ser discutidas por el Consejo Consultivo de Potosí.
Al cierre de esta edición, las partes en conflicto designaban representantes para cada grupo de estudio.
A pesar de la instalación formal del diálogo, la población potosina permanece movilizada en la Villa Imperial. No hay ingreso o salida de vehículos, los víveres escasean y la situación se mantiene tensa.
Hasta el mediodía de ayer, los más de 200 piquetes de ayuno voluntario, que se abrieron el viernes 6 de agosto, reunían en esa capital departamental a más de 2.000 personas, mientras que 106 habían sido dadas de baja a causa de su deterioro físico.
Al iniciar la conversación, el ministro Coca mostró las cartas del Ejecutivo en las negociaciones.
Sobre el diferendo limítrofe, se descarta un referéndum porque la consulta es sólo aplicable para municipios de un mismo departamento, aseguró que las macrorregiones definidas en la Ley de Autonomías no implican la creación de una jurisdicción político-administrativa y que tampoco es posible que los ayllus de Oruro y Potosí creen una autonomía indígena porque ésta sólo puede existir dentro de los límites de un mismo departamento.
Coca anunció también la inversión de 6,18 millones de bolivianos en estudios técnicos que han identificado al yacimiento Quiburi, en Uyuni, como apto para instalar la factoría, pues posee seis veces más piedra caliza que el cerro Pahua.
Los rumores circulan sin control
Las autoridades del Ejecutivo y el gobernador de Oruro, Santos Tito Véliz, negaron ayer las versiones que daban cuenta de que campesinos orureños tomaron por la fuerza el cerro Pahua, ubicado en el límite con Potosí y que es objeto de disputa por tratarse de un yacimiento de caliza, materia prima del cemento.
Según El Potosí, desde el jueves, los medios de la Villa Imperial reciben frecuentes avisos de hechos graves, que en ningún caso resultan ser verdaderos.
El jueves 12 se dijo que se disparaba gas lacrimógeno contra los bloqueadores apostados en la garita San Antonio, que permite el ingreso y la salida de motorizados a Oruro y La Paz, con el fin de lograr el paso de los vehículos varados.
Ayer, otros rumores señalaban que campesinos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) lograron desbloquear la garita San Antonio, lo que también resultó falso.
A través de radio Kollasuyo, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, se refirió a esas acciones como una política de desestabilización tendente a crear un clima se violencia para lograr beneficios de grupo.
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