Con inaguantable arrogancia y bajo el sugestivo título “¿Potosino soy?”, se acaba de publicar en este medio un artículo plagado de verdades a medias y acusaciones temerarias a los dirigentes cívicos que desde hace varios días se encuentran en La Paz protestando por la falta de atención del gobierno central a las demandas del pueblo de Potosí.
Al respecto, tengo la impresión de que el autor de tan desatinada contribución periodística pierde los estribos al tachar de discurso cívico separatista y atentatorio contra la unidad de la patria el planteamiento de los potosinos. En un afán claro de parcializarse con la posición oficial, intenta por todos los medios comparar la actual demanda cívica con el movimiento regionalista cruceño de 2009.
Después de elucubrar semejante desparpajo, se anima a argumentar que “la intención de los cívicos es no solucionar nada”, aunque entra en una clara contradicción pues en medio de su exposición alabanciosa de los supuestos grandes logros del gobierno para con Potosí, le da toda la razón a la ministra de comunicación cuando indica que el gobierno central no pudo resolver en cinco años al menos uno de los proyectos reclamados por Potosí y más adelante admite también que el presidente Morales pudiese no haber atendido todas sus demandas.
A continuación, en su obnubilada paranoia, acusa a los potosinos de buscar la violencia, heridos y muertos de por medio, para luego vincular este movimiento de reivindicación regional con la reconfiguración de una oposición política debilitada. Aquí, solo le falta tildarlos de terroristas para cerrar con broche de oro su parafernalia irresponsable.
En lugar de satirizar los reclamos del pueblo potosino, haciendo notar que no solo crecieron en estos años sino que se volvieron más inviables, sin embargo, hubiera sido bueno que el columnista se entere de que la solución de muchos de ellos apenas requería un mínimo de voluntad política, antes que enormes erogaciones de recursos financieros de parte del poder ejecutivo.
Así, no entiendo por qué hace tanto alarde de que las demandas aumentaron si datan de hace más de cinco años; tampoco resulta comprensible su asombro ante la supuesta inviabilidad de los mismos cuando a lo largo de los últimos nueve años el gobierno habría implementado un conjunto casi incontable de ese tipo de proyectos.
En este contexto, si de hacer las cosas con racionalidad económica se trata, quizás haya llegado la hora de empezar a tomar algunas acciones. Sugiero, por ejemplo, que se realice de manera inmediata una auditoría técnico-operativa y/o evaluación concurrente de todos los proyectos financiados con recursos del Tesoro General del Estado (TGE) y el Banco Central de Bolivia (BCB) en actual proceso de implementación para determinar su verdadera rentabilidad económica y, en caso de que se demuestre lo contrario, su cierre, seguido de una reasignación de recursos a proyectos económicamente viables en las diferentes regiones del territorio nacional.
El pueblo boliviano no debería seguir tolerando la arbitrariedad con que grandes cantidades de recursos financieros provenientes del TGE y el BCBse destinan a diferentes proyectos que aparecen de cuando en cuando en la cabeza de los principales dignatarios de Estado y se ejecutan sin responder a ninguna estrategia nacional de desarrollo y menos a criterios de equidad regional, eficacia, eficiencia o rentabilidad económica.
Por último, invito al desmemoriado periodista a dejar de satanizar tanto el federalismo y a repasar la historia nacional para encontrar que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX fue precisamente en esta región que se enarbolaron las banderas federales para reclamar por la desatención del gobierno de la época, lo que derivó, entre otras cosas, en la llamada guerra federal y el traslado de la sede de gobierno a la ciudad de La Paz.
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