Los graves acontecimientos vividos recientemente con motivo de las demandas del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), que ha contado con amplio apoyo, es un tema que debe llevarnos a una profunda reflexión, acerca de las competencias que debe tener un Estado y sus posibilidades de hacerlas efectivas. El gobierno, ya en el año 2010, se había comprometido con Potosí hacer realidad 26 pedidos; entre ellos se destacan los compromisos de construir fábricas, hidroeléctricas, hospitales, caminos, un aeropuerto internacional. Adicionalmente, proveer de energía eólica, hacer exploración de yacimientos mineros y petroleros, ítems para salud y educación, etc.
Seguramente, en el seno del gobierno, nadie pensó que ese reclamo, que comenzó en los primeros días del mes de julio, alcanzase la magnitud que se ha visto, el mismo que vino acompañado de violentas manifestaciones y bloqueo de caminos.
¿Cuál es el problema de fondo? Lamentablemente en estos casi diez años, el gobierno del presidente Morales generó una imagen de que en Bolivia se había dado un gran salto en su capacidad productiva, lo que lamentablemente no es cierto. Es cierto que se tuvo una buena tasa de crecimiento económico, superior a la observada antes, pero esto no cambió la estructura económica del país, pero sí aumentó el ingreso per cápita. Pero seguimos siendo una economía atrasada especializada en exportar pocas materias primas lo que nos permite financiar las imprescindibles importaciones para que toda nuestra actividad económica funcione. Bolivia es una economía de mercado, con agentes económicos dominantemente informales donde sus participantes tienen una baja productividad. Esto viene acompañado con la presencia de una administración pública harto ineficaz.
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