"los mineritos" nuevo escándalo sobre el trato que el MAS, Evo dispensa a los menores. en lugar de prohibir completamente el trabajo de niños, saca una ley permisiva y resulta que tenemos menores abusados, ultrajados, en interior mina sin protección y sin seguro, totalmente inaceptable.

A pocas semanas de la promulgación de la ley que autoriza el trabajo infantil a partir de los diez años, ya se observan algunos resultados. El Defensor del Pueblo acaba de presentar un informe que indica que alrededor de 150 niños trabajan en los socavones del cerro de Potosí, donde perciben sueldos que van de los 1.800 a los 3.400 bolivianos al mes.

Ninguno de ellos asiste a la escuela y desarrolla sus actividades laborales en situación de riesgo y en condiciones de explotación. La mayoría de los “mineritos” tiene entre 15 y 17 años, pero hay casos de chicos de ocho años que operan en los sectores externos de las minas. Durante la investigación muchos de los niños no quisieron dar sus datos por lo que la cifra es mayor y otros alteraron su edad por temor a perder su empleo. 

El estudio identificó también a alrededor de 280 niños y adolescentes que viven junto a sus madres en las bocaminas, en viviendas precarias sin servicios básicos y en el lugar no hay presencia del Estado para atender las necesidades. El fenómeno de los niños mineros, que no es nuevo, tiende a aumentar por el auge de los precios de los minerales y las cooperativas, que han cobrado mucho poder en el “proceso de cambio”. Por si no haya quedado claro para qué se aprobó esa ley.

no tardó en reaccionar LTD, lo más escandaloso resulta de "la inoperancia de las autoridades de Gobierno" cuando se refiere a la desmesurada arbitrariedad de cooperativas mineras yla situación de menores que viven en Cerro Rico y trabajan hasta en interior mina.

Lo que ya resulta escandaloso, incluso para los laxos parámetros vigentes en nuestro país, es la inoperancia de las autoridades gubernamentales

A la ya muy larga lista de calamidades que son directamente atribuibles a la desmesurada arbitrariedad con que las mal llamadas cooperativas mineras operan en nuestro país, se ha sumado el más reciente informe del Defensor del Pueblo. Se trata de un estudio titulado “Estado de situación de niños, niñas y adolescentes que viven en el Cerro Rico y trabajan en la actividad minera”, según el que al menos 145 niños y adolescentes trabajan en actividades mineras en el Cerro Rico de Potosí.

Con toda seguridad, tan escandalosa situación revelada por el estudio no pasará desapercibida para más de un organismo internacional, pues las primeras señales de alerta sobre este tema fueron oportunamente activadas.

En efecto, hace apenas unas semanas, tanto la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hicieron conocer su preocupación por la posibilidad de que la nueva legislación boliviana sobre el trabajo infantil pudiera prestarse a abusos, razón más que suficiente para que el informe del Defensor del Pueblo no pase desapercibido en las más altas instancias del exterior.

A lo anterior debe sumarse una serie de otros desastres sociales y ambientales que son directamente atribuibles a la misma causa. Sólo por mencionar los casos más recientes, cabe recordar dos cuya importancia trascendió nuestras fronteras.

El más importante de ellos es el relativo a la impunidad con que las cooperativas mineras que socavan el Cerro Rico de Potosí se niegan a detener su labor depredadora a pesar del ultimátum que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) que vanamente exige que el Gobierno boliviano actúe con la severidad correspondiente.

Muy ligado a lo anterior, pues la causa es muy similar, es el caso del desastre ambiental que está produciéndose por la contaminación de las aguas del río Pilcomayo. Y no se trata sólo del más reciente vertido de aguas residuales de la empresa minera Santiago Apóstol de Tacobamba, sino de un fenómeno que pese a las continuas advertencias, que se repiten año tras año, no hace más que agravarse en la misma proporción en que se intensifica la actividad de la minería informal.

Los tres problemas señalados, entre muchos otros que todavía no reciben la atención que merecen, tienen un elemento en común. Es que la minería cooperativizada ha alcanzado en nuestro país un poder tan grande que actúa por encima y fuera de toda legislación vigente. Para esas empresas, las leyes laborales y sociales son tan despreciables como las ambientales y actúan en consecuencia.

Así pues, el informe del Defensor del Pueblo no hace más que identificar a otras víctimas de los excesos en que están incurriendo las empresas mineras en su desenfrenada labor extractiva de minerales. Ante tal situación, lo que ya resulta excesivamente escandaloso, incluso para los laxos parámetros vigentes en nuestro país, es la inoperancia de las autoridades gubernamentales que parecen haber renunciado a todas sus prerrogativas, rendidas ante las cooperativas mineras.

escándalo que 145 niños trabajan como "mineritos" en el corazón mismo del Cerro. escándalo que hubiesen abandonado la escuela, que no tengan seguro, ni contrato de trabajo, niños que ponen cada dia en riesgo su vida. otros niños más viven con sus madres en la boca mina. qué horror!

Al menos 145 menores de edad trabajan en la minería en el Cerro Rico de Potosí en condiciones de alto riesgo para sus vidas, sin contratos laborales, ni seguros de salud, informó hoy el Defensor del Pueblo, Rolando Villena.

El alto funcionario difundió en un comunicado los resultados de una investigación que establece que un 91 por ciento de esos menores trabaja en el interior de la montaña ytiene de 15 a 17 años y otro 6 por ciento, entre 8 y 12 años; en tanto que un 3 por ciento, de edades entre 13 y 14 años, trabaja fuera de la mina.

La mayoría de los menores trabajadores tiene una jornada laboral de cuatro horas y cobran mensualmente cantidades entre 172 y 488 dólares.

"La remuneración que reciben por su esfuerzo ha llevado a que abandonen la escuela, a trabajar sin un contrato laboral, a no exigir seguro de salud y, fundamentalmente, a poner en riesgo su vida ya que ingresan al interior de la mina sin el equipo de seguridad necesario", sostuvo Villena, según un comunicado.

Un 95,2 por ciento de los menores trabajadores no tiene contrato escrito de trabajo, casi todos ellos desconocen sus derechos laborales y un 94 por ciento trabaja dentro de la mina sin capacitación industrial con lo que se exponen a accidentes que acortan su esperanza de vida.

Un 83 por ciento de los niños y adolescentes no cuenta con seguro social de salud y cuando se enferman pagan con su dinero la consulta en un centro médico o se curan con medicamentos caseros.

Además, otros 280 menores viven en el Cerro Rico con sus madres que trabajan prácticamente 24 horas como guardias de las bocaminas de las cooperativas mineras, en viviendas precarias, sin servicios básicos, ni condiciones de seguridad.

Villena dijo que la Defensoría del Pueblo está cumpliendo con su trabajo de denunciar el estado de los derechos de la niñez y adolescencia y este estudio es una guía para comprender el problema, por lo que ahora demanda que las instituciones nacionales y locales enfrenten el asunto con una mirada "honesta, decidida y efectiva".

El Gobierno boliviano promulgó en julio un código para proteger a los niños y adolescentes y establece una prohibición de que realicen trabajos peligrosos e insalubres, pero que, a la vez, permite que trabajen por cuenta propia desde los diez años.