La decisión del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) de declararse nuevamente en estado de máxima alerta, y la posibilidad de que se reanuden las movilizaciones y las medidas de presión para protestar por la falta de atención que las autoridades gubernamentales prestan ante el riesgo de desmoronamiento del Cerro Rico, ha vuelto a llamar la atención de todo el país sobre un asunto que de ningún modo debe seguir siendo soslayado por las autoridades gubernamentales.
En efecto, como es fácil recordar, hace ya mucho tiempo se han alzado las voces de alarma sobre el peligro que se cierne sobre la ciudad de Potosí, sin que se haya producido una reacción proporcional. Por el contrario, la negligencia ha sido una actitud constante y ni siquiera ha sido suficiente la intervención de la Unesco que en reiteradas oportunidades ha urgido a que se adopten las medidas necesarias para evitar la destrucción de uno de los más preciados bienes del patrimonio histórico y cultural de la humanidad.
La causa que explica esta actitud de dejadez es una sola: a pesar de lo peligroso que es, todavía son miles los mineros cooperativistas que a diario extraen mineral de las entrañas del Cerro Rico. Y como se trata de un sector que después de los productores de coca constituye la segunda más importante fuente de sustento gubernamental, no hay autoridad que se atreva a desafiar su voluntad.
Estamos, pues, ante otro caso de incompatibilidad entre los intereses de un sector y los del resto de la sociedad. Y es muy lamentable que una vez más los cálculos políticos se impongan sobre lo que aconseja la sensatez.
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