Después de muchos años de incomprensible negligencia, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) ha tomado por fin una decisión muy largamente esperada. Ha ordenado el cierre y reubicación de dos minas situadas en una zona de riesgo del Cerro Rico de Potosí con el fin de preservar la morfología de esta montaña.
Como se recordará, tan importante medida fue hasta ahora sistemáticamente eludida a pesar de que todos los informes técnicos coinciden al advertir que si no se detiene la actividad minera en la cúpula del cono del cerro su desmoronamiento será inminente.
Nadie se atrevió a tomar tan importante decisión porque la explotación de esas minas está en manos de empresas cooperativas cuyo poder político y económico las hacía impunes.
Lamentablemente, y dados los antecedentes del tema y las especiales circunstancias en las que tal medida ha sido anunciada, resulta inevitable considerar la posibilidad de que el anuncio hecho por el gerente regional de Comibol en Potosí no sea más que una carta de negociación, ahora que mineros cooperativistas y autoridades gubernamentales están midiendo fuerzas. Si ése fuera el caso, estaríamos asistiendo a un incalificable acto de irresponsabilidad. En cambio, si es sincera la decisión y sobre todo, si se la hace cumplir, el acto será merecedor del máximo reconocimiento no sólo del pueblo potosino sino del país en general.
Quienes tienen en sus manos tan importante decisión deben saber que el juicio de la historia sobre la manera como asuman la responsabilidad de preservarlo será muy severo.
