La decisión del Ministerio de Minería de ordenar la suspensión de las operaciones mineras a partir de la cota 4.400 del Cerro Rico de Potosí, dos días después de haberse hecho público el informe de la comisión de expertos que en meses pasados envió la Unesco, es una muestra de responsabilidad gubernamental que debe ser elogiada y apoyada sin dubitaciones.
Se sabe que no ha sido nada fácil llegar a ese punto, pues son muchos los intereses afectados y las presiones que sufrió el Ministro de Minería para que se siga dando largas al asunto de modo que los 700 mineros que a diario realizaban sus actividades en los socavones –ahora clausurados– pudieran seguir extrayendo el mineral.
Felizmente, aunque la decisión se hizo esperar mucho, ha sido finalmente adoptada. No hacerlo, además de incrementar a diario las posibilidades de un desmoronamiento del cerro, implicaba poner en riesgo la vida de esas 700 personas que al producirse un colapso habrían quedado enterradas bajo el peso de los escombros.
Sin embargo, y a pesar de lo importante que es la medida, debe quedar claro que no es suficiente ni mucho menos pues el área en la que fueron suspendidas las actividades no es la única que está al borde del colapso. Hay, además de la parte superior del cono, como indica el informe de la Unesco, muchas otras partes del cerro cuya fragilidad exige la adopción de medidas drásticas e inmediatas.
Para buscar la mejor manera de proceder, dentro de dos semanas se reunirán las principales instituciones potosinas con autoridades gubernamentales. Es de esperar que en esa ocasión se imponga el buen criterio antes de que sea demasiado tarde.
